Entre los logros de la Presidencia española de la Unión Europea, ha pasado prácticamente desapercibida la aprobación de un programa de vigilancia y recolección sistemática de datos personales de ciudadanos sospechosos de experimentar un proceso de “radicalización”. Este programa puede dirigirse contra individuos involucrados en grupos de “extrema izquierda o derecha, nacionalistas, religiosos o antiglobalización”, según figura en los documentos oficiales.
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